El caso Carville y Corfo

Paul Fontaine

En mi columna del mes pasado escribí sobre el exitoso caso de la privatización de la pertenencia minera “Los Ríos de Curanilahue” que actualmente está dando 450 empleos estables en Curanilahue y pagando impuestos.



Muchos preguntaron por qué escribí sobre un tema en el cual estaba involucrado. La razón: porque tengo antecedentes fidedignos del tema que demuestran que Corfo lo está haciendo mal. La respuesta que dio el director regional de Corfo Biobío en respuesta a la columna -en lo concerniente a la no asignación del subsidio Corfo- lo confirma. Señala que la asignación de subsidios Corfo es arbitraria. La arbitrariedad lleva a la corrupción y tráfico de influencias. Nuestra experiencia en el gobierno pasado fue que no había corrupción y los temas se trataban seriamente en su propio mérito. El motivo de la columna fue poner en alerta pública al gobierno sobre este actuar, para que fiscalice si hay uso de influencias en la entrega de subsidios y otros temas relacionados con Corfo.

En esta columna, mostraré lo ineficiente y poco inteligente que han sido Enacar y Corfo en un caso equivalente a la licitación de Los Ríos de Curanilahue, en la provincia de Lebu de la Octava Región.

En octubre de 2009, Enacar llamó a una licitación por la mina de carbón Carville, ubicada también en una zona de alto desempleo, Lebu. Esta mina estuvo en operación desde 1989 hasta 2008. La empresa empleaba a 340 trabajadores y producía 7.000 toneladas mensuales de carbón de alta calidad. La licitación estaba bien diseñada, ya que exigía comercializar carbón en doce meses, y una boleta de garantía de MM$ 250 por si no se cumplía. Cuatro empresas compraron las bases. Lamentablemente para Chile y particularmente para la zona, SW fue la única oferta y ésta fue menor al precio mínimo secreto que existía en notaría. La licitación estaba bien pensada para crear empleo al exigir una boleta de garantía de fiel cumplimiento para garantizar poner a producir la mina en un plazo de doce meses. El problema es que este objetivo se contraponía con un precio mínimo alto. SW ofertó $315 millones y el precio mínimo era $900 millones. La licitación fue declarada desierta. Vino el terremoto del 27 de febrero de 2010 y la mina se derrumbó e inundó.

De haber sido SW la dueña, algo habría hecho para parar la inundación, como lo hicimos en nuestra mina Santa Ana, que sólo dejó de operar un turno de ocho horas por el terremoto. En Santa Ana trajimos en camión un generador de energía y pudimos evitar su inundación y estar produciendo al día siguiente. Fuimos la única empresa mediana operativa en la zona el 28 de marzo. En cambio Carville, como empresa estatal, no pudo hacer nada. Es más, hasta el día de hoy continúa inundada con toda su maquinaria.

En octubre de 2010, Enacar nuevamente llamó a licitación pública por Carville. El directorio de Enacar decidió hacerlo fácil y no exigió ni plan de producción ni precio mínimo. Un día antes de la licitación, se suspendió. SW iba a postular y de haber ganado, hoy estaría dando empleos de calidad a 300 personas y produciendo 6.000 toneladas mensuales de carbón. Además le evitaría al fisco los gastos asociados a la mantención de la mina y recibiría impuestos. Los motivos para no llevar a cabo lo licitación no son claros. Informalmente se nos informó que hubo influencias políticas sobre el Ministerio del Interior para que éste parara la licitación, ya que SW concentraría demasiado el mercado de carbón. Esta explicación sería absurda ya que hablar de concentración cuando una empresa no llega a producir ni el 5% del consumo nacional de carbón, no corresponde. Otros decían que el directorio de Enacar decidió parar la licitación ya que era el último activo de Enacar y querían seguir cobrando honorarios de directorio por otro año más. No me cuadra. Sería escandaloso que exista un directorio remunerado en Enacar en 2011.

¿Qué pasará con Carville? ¿seguirá inactiva, sin generar empleos y consumiendo nuestros impuestos?